La filtración masiva por parte del TS de datos del fiscal general afecta de lleno a un miembro del CGPJ

La filtración del informe de la UCO sobre las llamadas del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en el que no hay rastro de conversaciones con periodistas ni de la supuesta conexión con Moncloa, ha dado de lleno en el Consejo General del Poder Judicial. Entre los números que se contienen en el informe facilitado a las partes por el instructor de la causa en el Tribunal Supremo, Ángel Hurtado, se encuentra el de uno de los 21 miembros del órgano de gobierno de los jueces. No solo aparece su número de teléfono, sino también el nombre de una persona de su familia así como su domicilio particular. La vulneración de la protección de los datos será ahora analizada por el Promotor de la Acción Disciplinaria, según fuentes del Consejo.

Que la filtración haya afectado a uno de sus integrantes y a su entorno familiar ha producido una enorme preocupación en la institución, cuya comisión disciplinaria tenía previsto reunirse este martes y analizar la trascendencia de la masiva filtración de datos personales de terceras personas que nada tienen que ver con la causa. La reunión, sin embargo, ha terminado sin ningún acuerdo. El vocal afectado, que ha pedido que su identidad no trascienda, ya ha trasladado a la presidenta del órgano, Isabel Perelló, su preocupación por la vulneración de su derecho a la intimidad. Sin embargo, fuentes del órgano de gobierno de los jueces aseguran que, en el Pleno de este miércoles, tampoco se adoptará acuerdo alguno.

Hasta el momento se ha conocido que, entre los datos personales que el Supremo no ha logrado proteger del acceso público está el de la antecesora de García Ortiz, la ex fiscal general y exministra de Justicia, Dolores Delgado, que ha denunciado que ha recibido llamadas anónimas a su número, lo que la ha obligado a cambiar de terminal. También los de un periodista y otras personas con las que el fiscal general ha mantenido conversaciones durante el período de tiempo que el instructor Hurtado investiga, como un miembro de su equipo de seguridad.

Fuentes del Consejo explican que el Promotor de la Acción Disciplinaria recabará ahora todas las quejas presentadas y propondrá a los vocales la apertura o no de una información previa (el primer paso de las investigaciones disciplinarias) por la filtración. Entre los extremos que habrá que determinar es si la providencia por la que se distribuyó el informe a las partes adoptó las cautelas que impone la Ley de Protección de Datos. También habrá que comprobar si la responsabilidad pudo ser del instructor Hurtado, del Letrado de la Administración de Justicia (secretario judicial), de la Guardia Civil... En caso de que se termine investigando al instructor, podrá hacerse al tiempo que sigue adelante con la causa contra García Ortiz, según esas mismas fuentes.

El instructor busca la supuesta filtración de un correo en los que el abogado de la pareja de Isabel Díaz Ayuso confesaba que su cliente había cometido dos delitos fiscales para evitar su ingreso en prisión. Las informaciones que hacían referencia a ese correo desmentían un bulo lanzado por el jefe de gabinete de la presidenta: que era la Fiscalía la que había ofrecido el pacto pero que lo había retirado “por órdenes de arriba”. García Ortiz ha negado ante el juez que fuera él quien distribuyó ese email entre los periodistas.

Los datos personales de terceras personas que nada tienen que ver con el asunto –entre ellos el miembro del Poder Judicial y la ex fiscal general Dolores Delgado–aparecieron gracias al registro ordenado por Hurtado de la sede de la Fiscalía General. La Sala de Apelaciones del Tribunal Supremo comenzó este martes a analizar el recurso presentado por García Ortiz contra ese registro que considera ilegal por desproporcionado y cuya anulación ha solicitado. Hasta el momento, la decisión judicial no ha trascendido.

El propio García Ortiz ha enviado un escrito al órgano que preside Isabel Perelló denunciando la filtración masiva y la afectación a sus datos personales y a los de otras personas. La denuncia aseguraba que la infracción de la intimidad ponía en peligro la propia seguridad personal y familiar del fiscal. También la de sus interlocutores –fiscales, un miembro del Consejo, efectivos de las fuerzas de seguridad– para los que se ha instado a reforzar sus medidas de protección.

El informe de la UCO ha sido entregado junto a cuatro anexos. Entre esta documentación notificada a las partes, se incluía un archivo en el que se recogía todo el tráfico de llamadas y paquetes de datos que contenía, entre otros datos personales, nombres, documentos de identidad o direcciones de los usuarios de los teléfonos, incluyendo la de un domicilio familiar del fiscal general.

García Ortiz lo ha puesto este lunes en conocimiento de la dirección de Supervisión y Control de la Protección de Datos del CGPJ, a la que ha solicitado que tome las medidas cautelares necesarias para el "bloqueo" de los datos filtrados. Fuentes del órgano de gobierno de los jueces aclaran, sin embargo, que, finalmente, esa será la vía para tramitar las quejas y que será el Promotor de la Acción Disciplinaria quien las examine.

Por su parte, Dolores Delgado, fiscal de la sala de la Unidad de Derechos Humanos y la Unidad Democrática de la Fiscalía General del Estado, ha dirigido también escritos al CGPJ y a la Sala Segunda del Tribunal Supremo en las que denuncia haber recibido durante este lunes llamadas anónimas en su terminal telefónico. En el citado informe de la UCO se incluían dos llamadas con el fiscal general. Una el 12 de marzo de 2024 acerca de un curso de formación de fiscales y una segunda el 13 de marzo sobre su presencia en un acto en la Universidad de Alcalá de Henares.